Por: Manuel Espino

21 de Agosto del 2015

El Verde es un partido que odia la ley y ama la publicidad. La ausencia de ideas contundentes, de propuestas novedosas y de líderes con raigambre social, se ha suplido con un ejército de avezados mercadólogos y con expertos en encontrar lagunas, recovecos y huecos en la reglamentación electoral.

Para desgracia del Estado mexicano, esta conducta perniciosa ha impactado ya en diversas instituciones nacionales, pues en la balanza de la honorabilidad democrática cada triquiñuela del Partido Verde ha sido pagada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a costa de perder credibilidad ante los ciudadanos y ver disminuida drásticamente su estatura como máximo árbitro comicial de la nación.

Estamos ante un perverso juego de suma cero, en el que cada ganancia del Verde va en detrimento de la vida institucional de la república y del prestigio del Estado mexicano en su totalidad.

El colmo ha sido permitirle conservar su registro como partido nacional a pesar de sus no solo reiterados, sino sistemáticos quebrantos a la ley. Bien argumentó la consejera Pamela San Martín: ¿cómo no va a ser grave la conducta de un partido político que hace de la violación del Estado de derecho su estrategia electoral?

Para mala suerte de los verdes, esta conducta no ha pasado desapercibida. De ahí que 140 mil ciudadanos solicitaran al INE el retiro de su registro. Aunque dicha iniciativa ciudadana fue ignorada, ya se ha posicionado en la opinión pública nacional que el Verde tiene como principal característica su desprecio a la ley.

Ello presenta tres riesgos primordiales para el Estado mexicano. Uno es tener un INE cada vez más débil, carente de autoridad y de credibilidad, con consejeros arrinconados e incapaces de levantar la voz.

El segundo riesgo es que estas estrategias sean replicadas por otros institutos, con el incentivo de que al Verde le resulta más fácil cosechar votos por medios ilegales que legales, sin sufrir consecuencias políticas o económicas significativas. El INE ha lanzado un claro mensaje a todos los demás partidos: es más rentable quebrantar la ley que respetarla. La impunidad se ha convertido en una patente de corso para el uso ilegal de publicidad, la entrega de dádivas y el uso de recursos poco transparentes.

Pero más grave aún es el seguir ahondando la brecha de desconfianza que separa a gobernantes de gobernados y a votantes de votados. Pues al dar la mano a un partido que hoy por hoy es símbolo de ilegalidad y desprecio por la ley, varios consejeros electorales dieron la espalda a todos esos ciudadanos que claman por una vida pública honesta y anhelan que la democracia sea mucho más que una palabra.

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