Por: Manuel Espino

Durante décadas, quizá siglos, se calificó al “pizzo” como la empresa más lucrativa de Italia. Dicho crimen consiste, desde hace siglos ya, en el pago de extorsiones a la mafia por parte de pequeños empresarios y personas de todos los estratos sociales. En algunos momentos hasta un 80 % de las empresas italianas han pagado pizzo, bajo la amenaza permanente del asesinato, el incendio, el secuestro.

Ciertamente, en los hechos resulta imposible medir con exactitud qué tanto dinero es arrancado de las manos de los trabajadores honestos para engordar las arcas de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra.
Lo que sí está claro es que regiones enteras de la península italiana vieron trastocada no solo su economía, sino su convivencia, su bienestar, su paz e incluso sus tejido social, debido a que eran víctimas, rehenes, de una acción que no por ser generalizada dejaba de ser esencialmente injusta.
En México esta práctica echó hondas raíces durante el calderonato, aunque en nuestra patria ha sido llamada “pago de piso” (en una errónea referencia a la palabra italiana pizzo, que designa el pico de un ave).
Ahora vemos con preocupación la serie de denuncias que han surgido a raíz de un empresario del barrio restaurantero capitalino “La Condesa”. Asociaciones de empresarios han denunciado que desde mediados de 2014 los delincuentes han doblado la “cuota” y se han comportado con mucha mayor violencia.
Además, existe una situación especialmente compleja: las autoridades capitalinas piden a los empresarios que presenten denuncias formales, mientras que estos argumentan que hacerlo resultaría contraproducente pues hay policías y autoridades judiciales en contubernio con los extorsionadores.
Lamentablemente, existen bases sólidas que respaldan una aseveración tan grave. Hablando tan solo por mi experiencia como habitante de Ciudad Juárez, que durante años fuera catalogada como la comunidad más peligrosa del mundo entero, puedo señalar que desde 2010 hasta 2015 diversas bandas de policías federales fueron arrestadas por extorsionar a los habitantes de dicha industriosa frontera. Ahí están los nombres de los oficiales, como un dato duro y contundente.
Está además el hecho de que aun cuando diversas autoridades, de los tres órdenes de gobierno, afirman que Ciudad Juárez se ha pacificado, lo que dicta la vox populi es que en realidad ha disminuido el número de asesinatos porque la gente paga para no ser una estadística más. No olvidemos que en dicha comunidad incluso se han llegado a reportar que en primarias de los barrios más humildes los padres han tenido que dar cuotas para evitar que las escuelas sean ametralladas. Hasta esa sima de podredumbre criminal se ha caído.
Es por ello que resulta especialmente alarmante lo que están padeciendo los comerciantes capitalinos. Mal harían las autoridades de los diversos órdenes en esperarse a actuar solo con base en denuncias —que seguramente serán escasas.
No estamos ante un problema empresarial y no estamos ante un problema económico, estamos ante una amenaza a la forma en la que vive y funciona la sociedad entera.
La extorsión funciona como un cáncer que se extiende por todos los órganos del cuerpo comunitario: si hoy se victimiza a los dueños de bares y restaurantes pronto sucederá como en otras ciudades del país, donde la extorsión se generalizó por todos los estratos sociales, carcomiendo los lazos cívicos y obligando a comunidades enteras a vivir bajo la sombra de la violencia.

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